Monitorio europeo: como España defiende a los pícaros

La sentencia del Tribunal de Justicia de la U.E. sobre el proceso monitorio europeo

Otro palo de Europa a la justicia española

Está visto y comprobado que si para algo sirve el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es para enmendar la plana a los políticos españoles y al Tribunal Supremo español.

Que España es un país de vividores, pícaros y listillos no es una opinión, sino una evidencia comprobable a lo largo de los siglos.

Por desgracia, hemos tenido y tenemos un SISTEMA hecho desde arriba para expoliar sistemáticamente a los de abajo.

El SISTEMA controla todo, desde siempre. Coloca a sus peones, torres, caballos y alfiles de la mejor manera para ganar la partida.

El SISTEMA no pierde nunca, porque tiene medios para manipular, para engañar, para comprar voluntades, para comprar opiniones, para alejar otras opiniones indeseadas, para mantener las mentes distraídas con tonterías (telebasura, fútbol, deporte), o sea, el “circo” de los romanos,  para hacer creer a los pueblos que el SISTEMA es intocable, aunque sea injusto, que el SISTEMA es único, que no hay otro mejor, y por lo tanto, es eterno e inmutable.

Comprobamos a diario que el SISTEMA lo tiene todo amarrado. La mayoría de partidos políticos trabajan para él. La mayor parte de los medios de comunicación trabajan para él.

Para que el SISTEMA sobreviva, necesita controlar también al Estado. El Estado está compuesto formalmente de “Poderes”: el Legislativo, que hace las leyes, el Ejecutivo, que las hace cumplir, y el Judicial, que hace que se respeten.

Pero claro, el Legislativo hace las leyes a medida del SISTEMA, el Ejecutivo pone todos sus recursos para que las leyes se cumplan a beneficio del SISTEMA y el Judicial hace su tarea para que el SISTEMA nunca pierda.

Y no hay más que ver todo lo ocurrido en los últimos años: precarización laboral, pérdida de derechos sociales, desigualdad en continuo aumento, desahucios, privatización de lo público, corrupción generalizada, rescate a los bancos mientras sus directivos se “ponían las botas”, paro masivo, niños pasando hambre, precariedad en las escuelas públicas mientras se subvencionan las privadas, políticos con títulos universitarios que no han leído ni un libro, políticas de austeridad para los mas pobres, amnistía fiscal para los ricos, Ley “mordaza” para silenciar al disidente, criminalización de los inmigrantes, intentos de enfrentar a los pobres con los más pobres, etc., etc, etc.

Y mientras éste estado de cosas está ahí, el SISTEMA, el CAPITALISMO depredador, sigue manipulando para seguir ganando a costa de todos nosotros. De ti que lo defiendes ¡también!

Para muestra, basta un botón, pero en lo que a nosotros concierne, tenemos muchos botones para mostrar como todo el sistema financiero español (el “sistema financiero” es un sub-sistema del SISTEMA) no vive de fomentar la economía, de invertir en lo productivo, sino que vive de la especulación y del expolio sistemático de los ciudadanos y de las pequeñas empresas. 

No hay más que ver la enorme cantidad de cláusulas abusivas que aplican a diario a sus clientes, a los que exprimen con comisiones que no tienen razón de ser, con intereses desmesurados en la mayoría de los casos, y con prácticas abusivas con las que la gente tiene que tragar quiera o no.

No hay más que ver cómo las altas instancias judiciales han estado respaldando estas prácticas durante años, para lo cual no han dudado en retorcer la letra y el espíritu de la Ley cuando esta favorecía mas a los débiles que a los poderosos.

Y si alguien lo duda, que se moleste en leer algunas de las sentencias dictadas en los últimos años para comprobar de que parte está el sistema Judicial. Que comprueben con que descaro se ha defendido “el orden público económico”, o sea, el SISTEMA.

Pero, afortunadamente, no todo está perdido. Vivimos en Europa, y en la Unión Europea existe una Institución que se llama TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA. Es una Institución que se prestigia día a día porque poco a poco va poniendo en su lugar a toda esta sarta de vividores y a sus secuaces.

La ventaja que tenemos es que cualquier ciudadano de la Unión puede solicitar la tutela de sus derechos ante este Tribunal, y este ha ido dictando una sentencia tras otra que en la inmensa mayoría de los casos han sido favorables a los consumidores. Estas sentencias, y seguramente todas o casi todas las que vendrán, han enmendado la plana a los Tribunales nacionales (no solo de España) dejándolos con sus vergüenzas al aire. Demostrando con su interpretación de las normas que no solo somos consumidores, sino CIUDADANOS en plenitud de derechos.

En lo que respecta a España, el TJUE ha tenido gran cantidad de trabajo. De las más conocidas, algunas como la sentencia sobre las cláusulas suelo (que obliga a devolver todo el dinero percibido indebidamente por los bancos).

Después la de los préstamos hipotecarios referenciados a IRPH. En diciembre de 2019 se sumó otra sentencia del TJUE sobre el proceso monitorio europeo.

Esta sentencia del TJUE sobre el proceso monitorio europeo ha pasado más desapercibida por el común de las personas.

Y eso porque hasta ahora este procedimiento judicial no se ha utilizado demasiado para el cobro de deudas de acreedores que radican en el extranjero y reclaman desde allí.

En este caso, el palo no ha sido para los jueces, que precisamente son los que han levantado la voz contra el mismo, sino contra los políticos. Los legisladores que dictan las leyes que regulan casi todo en nuestras vidas, y suponen nuestro bienestar o nuestra miseria.

monitorio europeo

¿Qué es el proceso monitorio europeo?

El 30 de diciembre de 2006, el D.O.U.E., que es el Diario Oficial de la Unión Europea,  publicó el REGLAMENTO (CE) Nº 1896/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de diciembre de 2006 por el que se establece un proceso monitorio europeo.

¿Y esto qué es, se preguntará usted?

Al igual que el proceso monitorio nacional español, es un mecanismo judicial rápido que sirve para cobrar deudas a personas o empresas que viven en otro estado miembro.

¿Para que sirve el proceso monitorio europeo?

Por ejemplo, yo he pedido un crédito en Alemania a un banco alemán, pero ya no vivo en Alemania y he dejado de pagarlo.

Hasta la fecha de publicación de dicho Reglamento, era bastante difícil para el banco alemán cobrarme. Y ello porque los procedimientos eran muy complejos y difíciles de realizar.

Sin embargo, desde la aprobación de esta norma, el banco alemán me puede reclamar la deuda aunque ya no viva en Alemania.

Basta con que utilice el procedimiento sencillo regulado en el Reglamento y demandarme ante el juzgado de primera instancia de mi domicilio. Pueden incluso usarse formularios para presentar la demanda de monitorio europeo.

La norma es razonable e interesante en un mercado único y un espacio político en el que las transacciones económicas internas son enormes entre un país y otro.

El problema se traduce cuando esta norma comunitaria tiene que trasladarse al ordenamiento jurídico interno español, trámite obligatorio para que pueda tener vigencia en España.

El juicio monitorio europeo en la LEC

La LEC (Ley de Enjuiciamiento Civil) regula en la Disposición final vigésima tercera, las medidas para facilitar la aplicación en España del Reglamento (CE) n.º 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo.

La competencia para tramitar el juicio monitorio europeo es del juzgado de primera instancia del lugar de residencia del deudor.

Transcribimos por su interés lo que dispone dicha D.F. 23:

1. Corresponde al Juzgado de Primera Instancia, de forma exclusiva y excluyente, el conocimiento de la instancia del proceso monitorio europeo, regulado en el Reglamento (CE) n.º 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006.
La competencia territorial se determinará con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y, en lo no previsto, con arreglo a la legislación procesal española.
2. La petición de requerimiento europeo de pago se presentará a través del formulario A que figura en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 1896/2006, sin necesidad de aportar documentación alguna, que en su caso será inadmitida.
3. Formulada una petición de requerimiento europeo de pago, el Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto y en la forma prevista en el formulario B del anexo II del Reglamento (CE) n.º 1896/2006, podrá instar al demandante para que complete o rectifique su petición, salvo que ésta sea manifiestamente infundada o inadmisible, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del citado Reglamento, en cuyo caso resolverá el juez mediante auto.
4. Si los requisitos establecidos en los artículos 2, 3, 4, 6 y 7 del Reglamento (CE) n.º 1896/2006 se dan únicamente respecto de una parte de la petición, el Letrado de la Administración de Justicia dará traslado al juez, quien, en su caso, mediante auto y en la forma prevista en el formulario C del anexo III planteará al demandante aceptar o rechazar una propuesta de requerimiento europeo de pago por el importe que especifique, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del citado Reglamento.
En la propuesta se deberá informar al demandante de que, si no envía la respuesta o la misma es de rechazo, se desestimará íntegramente la petición del requerimiento europeo de pago, sin perjuicio de la posibilidad de formular la reclamación del crédito a través del juicio que corresponda con arreglo a las normas procesales nacionales o comunitarias.
El demandante responderá devolviendo el formulario C enviado en el plazo que se haya especificado. Si se acepta la propuesta de requerimiento europeo de pago parcial, la parte restante del crédito inicial podrá ser reclamada a través del juicio que corresponda con arreglo a las normas procesales nacionales o comunitarias.
5. La desestimación de la petición de requerimiento europeo de pago se adoptará mediante auto, de conformidad con el artículo 11. Igualmente, se informará al demandante de los motivos de la desestimación en la forma prevista en el formulario D del anexo IV del Reglamento (CE) n.º 1896/2006. Dicho auto no será susceptible de recurso.
6. La expedición de un requerimiento europeo de pago se adoptará mediante decreto en el plazo máximo de treinta días desde la fecha de presentación de la petición, y en la forma prevista en el formulario E del anexo V del Reglamento (CE) n.º 1896/2006, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del citado Reglamento.
El plazo de treinta días no comprenderá el tiempo empleado por el demandante para completar, rectificar o modificar la petición.
7. El demandado podrá presentar en el plazo de treinta días desde la notificación del requerimiento escrito de oposición, valiéndose del formulario F del anexo VI del Reglamento (CE) n.º 1896/2006 y con arreglo al artículo 16 del mismo.
En la notificación del requerimiento se advertirá al demandado que el cómputo de los plazos se regirá por el Reglamento 1182/71 del Consejo, de 3 de junio de 1971, por el que se determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y términos, sin que se excluyan los días inhábiles.
8. En el caso de que se presente escrito de oposición en el plazo señalado, el Letrado de la Administración de Justicia comunicará al demandante que ha de instar la continuación del asunto por el procedimiento que corresponda con arreglo a las normas procesales españolas ante el Juzgado de Primera Instancia, de lo Mercantil o de lo Social que corresponda, a
menos que ya hubiera solicitado expresamente que, en dicho supuesto, se ponga fin al proceso.
En el caso de que en el plazo señalado no se haya formulado oposición o no se haya pagado la deuda, el Letrado de la Administración de Justicia pondrá fin al proceso monitorio declarando ejecutivo el requerimiento europeo de pago mediante decreto y en la forma prevista en el formulario G del anexo VII del Reglamento (CE) n.º 1896/2006, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del citado Reglamento.
El requerimiento europeo de pago se entregará al demandante debidamente testimoniado por el Letrado de la Administración de Justicia, bien sobre el original bien sobre la copia, haciendo constar esta circunstancia.
9. La competencia para la revisión de un requerimiento europeo de pago corresponde al órgano jurisdiccional que lo haya expedido. El procedimiento para la revisión de un requerimiento europeo de pago por las causas previstas en el artículo 20.1 del Reglamento (CE) n.º 1896/2006 se tramitará y resolverá de conformidad con lo previsto para la rescisión de sentencias firmes a instancia del litigante rebelde en los artículos 501 y concordantes de esta Ley.
La revisión prevista en el artículo 20.2 del Reglamento (CE) n.º 1896/2006 se tramitará por medio del incidente de nulidad de actos judiciales previsto en el artículo 241 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
10. Las notificaciones efectuadas por el tribunal con ocasión de la tramitación de un proceso monitorio europeo y de la expedición del requerimiento europeo de pago se llevarán a cabo con arreglo a lo dispuesto en esta Ley, siempre que se trate de medios de comunicación previstos en el Reglamento (CE) n.º 1896/2006, prioritariamente por medios informáticos o telemáticos y, en su defecto, por cualquier otro medio que también permita tener constancia de la entrega al demandado del acto de comunicación.
11. Las cuestiones procesales no previstas en el Reglamento (CE) n.º 1896/2006 para la expedición de un requerimiento europeo de pago se regirán por lo previsto en esta Ley para el proceso monitorio.
12. Los originales de los formularios contenidos en los anexos del Reglamento (CE) n.º 1896/2006 integrarán el procedimiento tanto en los casos en los que España sea Estado emisor del requerimiento europeo de pago como en los casos en los que España sea Estado de ejecución del mismo. A los efectos oportunos, se expedirán las copias testimoniadas que correspondan.
13. La competencia para la ejecución en España de un requerimiento europeo de pago que haya adquirido fuerza ejecutiva corresponde al Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandado.
Igualmente, le corresponderá la denegación de la ejecución del requerimiento europeo de pago, a instancia del demandado, así como la limitación de la ejecución, la constitución de garantía o la suspensión del procedimiento de ejecución a que se refieren los artículos 22 y 23 del Reglamento (CE) n.º 1896/2006.
14. Sin perjuicio de lo que dispongan las normas contenidas en el Reglamento (CE) n.º 1896/2006, los procedimientos de ejecución en España de los requerimientos europeos de pago expedidos en otros Estados miembros se regirán por lo dispuesto en esta Ley.
La tramitación de la denegación de la ejecución del requerimiento europeo de pago, así como la limitación de la ejecución, su suspensión o la constitución de garantía, se llevarán a cabo con arreglo a lo dispuesto en los artículos 556 y siguientes de esta Ley, y se resolverán mediante auto no susceptible de recurso.
15. Cuando deba ejecutarse en España un requerimiento europeo de pago, el demandante deberá presentar ante el Juzgado competente una traducción oficial al castellano o a la lengua oficial de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales de dicho requerimiento, certificada en la forma prevista en el artículo 21 del Reglamento (CE) n.º 1896/2006.

Mientras en el texto comunitario se dice en su artículo 7, apartado d) que se indicará en la demanda «la causa de pedir, incluida una descripción de las circunstancias invocadas como fundamento de la deuda y, en su caso, de los intereses reclamados» ; y en su apartado e) «una descripción de los medios de prueba que acrediten la deuda.«, cuando se hace el traslado a la L.E.C. esto se convierte en lo siguiente:

» 2. La petición de requerimiento europeo de pago se presentará a través del formulario A que figura en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 1896/2006, sin necesidad de aportar documentación alguna, que en su caso será inadmitida

Y la pregunta del millón es: ¿por qué se va a inadmitir una documentación que justifique la realidad de la deuda que se reclama?

¿Que problema hay en que el demandante, el acreedor, el que pide, aporte documentos para acreditar que la deuda es real?

Además, esto está en contradicción absoluta con lo dispuesto en el art. 812 y siguientes de la propia L.E.C. y que se refieren al proceso monitorio nacional, que obliga a que la deuda reclamada se justifique y acredite tal como en el mismo se refleja:

«Artículo 812. Casos en que procede el proceso monitorio.

  1. Podrá acudir al proceso monitorio quien pretenda de otro el pago de deuda dineraria de cualquier importe, líquida, determinada, vencida y exigible, cuando la deuda se acredite de alguna de las formas siguientes:
    ª Mediante documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o con su sello, impronta o marca o con cualquier otra señal, física o electrónica.

    ª Mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax o cualesquiera otros documentos que, aun unilateralmente creados por el acreedor, sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en relaciones de la clase que aparezca existente entre acreedor y deudor.
  2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior y cuando se trate de deudas que reúnan los requisitos establecidos en dicho apartado, podrá también acudirse al proceso monitorio, para el pago de tales deudas, en los casos siguientes:
    º Cuando, junto al documento en que conste la deuda, se aporten documentos comerciales que acrediten una relación anterior duradera.

2.º Cuando la deuda se acredite mediante certificaciones de impago de cantidades debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.«

No se entiende este afán del legislador español en mermar las garantías de (en este caso) los demandados. ¿Será por ahorrar unas cajas de folios?

¿Se da cuenta usted de la incongruencia? Si el acreedor es español, se le exige que presente toda la documentación sobre la deuda. Si el acreedor es extranjero se le exige QUE NO PRESENTE NADA.

Un mínimo de sentido común, que se presume en quien redacta las leyes, jamás hubiera hecho la acotación de que se “inadmitirá la documentación anexa que pueda presentarse”.

Y eso porque esta documentación redunda en una mayor seguridad jurídica para las partes.

Para el demandante, porque de esa forma justifica su petición.

Para el demandado, porque puede comprobar la realidad de lo que se le reclama.

Pues nada, hacerse se hizo, y así se quedó, sin que nadie de la oposición de entonces levantara la voz en un asunto como este.

Debe ser porque nuestros diputados y senadores están más pendientes del rifirrafe político y de la defensa de sus propios intereses que del bienestar común.

¿A quien beneficiaba esta merma de las garantías procesales?

El caso es que, mire usted por donde, este «agujero» en la L.E.C. le ha venido de perlas a los «fondos buitre» domiciliados en el extranjero que compran deuda en España.

Y eso es por que ya ni siquiera tienen que tener aquí una sede, ni un abogado, para reclamar la deuda (real o ficticia) que tienen con ellos ciudadanos españoles.

Como se explica en otras entradas de esta web, en la inmensa mayoría de las ocasiones esta «deuda cedida o vendida» adolece de una enorme falta de documentación que la justifique.

Por eso se vende tan barata, porque a poco que el deudor se espabile, no hay por donde meterle mano.

Si el acreedor no puede justificar la realidad de la deuda, o su cuantía, por falta de documentos, es muy posible que la demanda no pueda prosperar.

Pues bien, ¡que regalo para estos «buitres»!

No solo no tienen que documentar la deuda, sino que, si lo intentan, se le dice: «quite usted esos papeles de mi vista. Me basta con que usted me diga que fulanito le debe dinero.»

Para ellos, miel sobre hojuelas. Carta blanca para reclamar lo que se deba y LO QUE NO SE DEBA también.

La sentencia del TJUE sobre el monitorio europeo

Menos mal que siempre hay alguien con un mínimo sentido de la justicia que termina por provocar que las cosas cambien para bien, en este caso de los consumidores.

Le cuento de donde viene la sentencia que justifica este artículo:

Bondora, que es una empresa de usureros radicada en Estonia, pero que opera en España, interpuso diversos procedimientos monitorios en juzgados españoles contra deudores domiciliados en España.

Lo hizo utilizando el mecanismo del Proceso Monitorio Europeo.

En dos de estas demandas, los jueces titulares de los juzgados de primera instancia nº 11 de Vigo y el nº 20 de Barcelona, requirieron a dicha empresa basándose en el artículo 815.4 de la LEC, para que aportara documentación que acreditara la realidad de la deuda.

Su intención era comprobar si existían cláusulas abusivas en los contratos, pero Bondora se negó al requerimiento.

Alegaba que la disposición final 23ª de la L.E.C. y el propio Reglamento permitía presentar la demanda sin aportar ninguna documentación que acreditara la existencia de la deuda.

Por ello, ambos jueces elevaron una cuestión prejudicial al TJUE, que con esta sentencia sobre el juicio monitorio europeo da respuesta a este asunto.

En resumen, el juez estaría facultado para solicitar una copia completa del contrato con el único fin de comprobar la existencia de cláusulas que vulneren los derechos de los consumidores demandados.

Todo ello en base a los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13, en relación con el artículo 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y con el artículo 6.1 del Tratado de la Unión Europea.

Y aquí le dejo también el texto de la sentencia:

SENTENCIA TJUE MONITORIO EUROPEO

Por si usted no sabe que es Bondora, otra empresa de usureros de esas que conceden créditos rápidos, les pego un trozo de su web donde hablan de los intereses (T.A.E) que aplican a sus «víctimas»:

Por si no se lee bien, transcribo lo que dice abajo a la derecha:

Importe del préstamo de 500€ a 10.000€. Plazo de amortización es desde 3 meses hasta un máximo de 60 meses. Tasa Anual Equivalente (TAE) desde 45,57% hasta un máximo de 95,29%.

A modo de pregunta final. ¿A QUIEN BENEFICIABA EL AGUJERO EN LA L.E.C.?

El Reglamento Europeo 1896/2006

Por su interés, transcribimos a continuación la versión española del R.E. 1896/2006

REGLAMENTO (CE) Nº 1896/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 12 de diciembre de 2006 por el que se establece un proceso monitorio europeo

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 61, letra c),

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (2),

Considerando lo siguiente:

(1)

La Comunidad se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia en el que esté garantizada la libre circulación de personas. Con el fin de establecer paulatinamente dicho espacio, la Comunidad debe, entre otras cosas, adoptar medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil con repercusión transfronteriza que sean necesarias para el correcto funcionamiento del mercado interior.

(2)

De conformidad con el artículo 65, letra c), del Tratado, dichas medidas deben incluir la eliminación de obstáculos al buen funcionamiento de los procedimientos civiles fomentando, si fuera necesario, la compatibilidad de las normas procesales civiles aplicables en los Estados miembros.

(3)

En la reunión del Consejo Europeo de Tampere del 15 y 16 de octubre de 1999 se invitó al Consejo y a la Comisión a elaborar nueva legislación en aspectos que son decisivos para allanar el camino a la cooperación judicial y para mejorar el acceso a la justicia y mencionó expresamente, en ese contexto, los requerimientos de pago.

(4)

El 30 de noviembre de 2000, el Consejo adoptó un programa conjunto de la Comisión y del Consejo de medidas para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (3). El programa prevé la posibilidad de establecer un procedimiento específico, uniforme o armonizado para la Comunidad con el fin de obtener una resolución judicial en determinados ámbitos, incluido el de los créditos no impugnados. Esto se desarrolló mediante el Programa de La Haya, adoptado por el Consejo Europeo el 5 de noviembre de 2004, en el que se abogaba por que se prosiguieran activamente los trabajos relativos al proceso monitorio europeo.

(5)

El 20 de diciembre de 2002, la Comisión aprobó el Libro Verde sobre el proceso monitorio europeo y las medidas para simplificar y acelerar los litigios de escasa cuantía. El Libro Verde dio lugar a una consulta sobre los posibles objetivos y características de un procedimiento europeo uniforme o armonizado para el cobro de créditos no impugnados.

(6)

El cobro rápido y eficiente de créditos pendientes que no son objeto de controversia jurídica es de vital importancia para los operadores económicos de la Unión Europea, toda vez que la morosidad es una de las principales causas de la insolvencia que hace peligrar la supervivencia de empresas, particularmente pequeñas y medianas empresas, y provoca la pérdida de numerosos puestos de trabajo.

(7)

Todos los Estados miembros intentan resolver el problema del cobro masivo de créditos no impugnados, la mayoría de ellos mediante un proceso monitorio simplificado, pero tanto el contenido de las normativas nacionales como los correspondientes procedimientos varían considerablemente. Además, los procedimientos existentes actualmente resultan a menudo inadmisibles o impracticables en asuntos transfronterizos.

(8)

Los consiguientes impedimentos para acceder a una justicia eficaz en los asuntos transfronterizos y la distorsión de la competencia en el mercado interior debido a desequilibrios en el funcionamiento de los medios procesales puestos a disposición de los acreedores en diversos Estados miembros hacen necesaria una legislación comunitaria que garantice igualdad de condiciones en toda la Unión Europea para acreedores y deudores.

(9)

El objeto del presente Reglamento consiste en simplificar, acelerar y reducir los costes de litigación en asuntos transfronterizos relativos a créditos pecuniarios no impugnados, mediante el establecimiento de un proceso monitorio europeo, y en permitir la libre circulación de los requerimientos europeos de pago a través de todos los Estados miembros, mediante el establecimiento de normas mínimas cuya observancia haga innecesario un proceso intermedio en el Estado miembro de ejecución con anterioridad al reconocimiento y a la ejecución.

(10)

El proceso establecido mediante el presente Reglamento debe constituir un medio complementario y opcional para el demandante, que conserva plena libertad de recurrir a los procedimientos establecidos en el Derecho nacional. Por lo tanto, el presente Reglamento no sustituye ni armoniza los mecanismos de cobro de créditos no impugnados existentes en el Derecho nacional.

(11)

El proceso debe basarse, en la mayor medida de lo posible, en el uso de formularios para cualquier comunicación entre los órganos jurisdiccionales y las partes, con el fin de facilitar su administración y permitir el procesamiento automático de datos.

(12)

Cuando decidan cuáles son los órganos jurisdiccionales con competencia para expedir un requerimiento europeo de pago, los Estados miembros deben tener debidamente en cuenta la necesidad de garantizar el acceso a la justicia.

(13)

En la petición de requerimiento europeo de pago, debe obligarse al demandante a que proporcione información suficiente para poder determinar y justificar claramente la deuda, de forma que el demandado pueda decidir con conocimiento de causa si la impugna o no.

(14)

En este contexto, debe exigirse al demandante que aporte una descripción de los medios de prueba que acrediten la deuda. A tal efecto, el formulario de petición debe incluir una lista lo más exhaustiva posible de los distintos medios de prueba que se presentan habitualmente para acreditar deudas pecuniarias.

(15)

La presentación de una petición de requerimiento europeo de pago debe implicar el pago de las posibles tasas judiciales aplicables.

(16)

El órgano jurisdiccional debe examinar la petición, incluida la cuestión de la competencia y la descripción de los medios de prueba, sobre la base de la información contenida en el formulario de petición. De esta forma, el órgano jurisdiccional podría examinar prima facie los fundamentos de la petición y, entre otras cosas, excluir peticiones manifiestamente infundadas o inadmisibles. No es necesario que sea un juez quien lleve a cabo dicho examen.

(17)

No debe caber recurso alguno contra la desestimación de la petición. Ello no excluye, sin embargo, la posibilidad, de conformidad con el Derecho nacional, de recurrir la decisión de desestimación de la petición ante un órgano jurisdiccional del mismo nivel.

(18)

En el requerimiento europeo de pago se debe informar al demandado de la posibilidad de pagar al demandante el importe fijado o de enviar un escrito de oposición en un plazo de 30 días si desea impugnar la deuda. Además de facilitar al demandado toda la información sobre el crédito facilitada por el demandante, se le debe advertir sobre la importancia jurídica del requerimiento europeo de pago y, en especial, las consecuencias de la no impugnación.

(19)

Debido a las diferencias entre los Estados miembros en cuanto a las normas procesales civiles y especialmente las que regulan la notificación de documentos, es necesario establecer de manera específica y pormenorizada una definición de normas mínimas que serían de aplicación en el contexto del proceso monitorio europeo. En especial, para la notificación del requerimiento europeo de pago, ningún método de notificación que se base en una ficción legal del cumplimiento de estas normas mínimas debe considerarse suficiente.

(20)

Todos los métodos de notificación enumerados en los artículos 13 y 14 se caracterizan por ofrecer bien una certidumbre total (artículo 13) o bien un alto grado de probabilidad (artículo 14) de que el documento notificado ha sido recibido por su destinatario.

(21)

Solo debe considerarse que la notificación personal a personas distintas del propio demandado con arreglo al artículo 14, apartado 1, letras a) y b), cumple los requisitos previstos en ellas si dichas personas han aceptado o recibido efectivamente el requerimiento europeo de pago.

(22)

El artículo 15 debe aplicarse a las situaciones en que el demandado no pueda representarse a sí mismo ante un órgano jurisdiccional, como es el caso de las personas jurídicas, y cuando la persona autorizada para representarlo está determinada por ley, así como a las situaciones en que el demandado haya autorizado a otra persona, en especial a un abogado, para representarlo en el proceso judicial específico de que se trate.

(23)

El demandado puede presentar su escrito de oposición valiéndose del formulario que figura en el presente Reglamento. No obstante, los órganos jurisdiccionales deben tener en cuenta cualquier otra forma escrita de oposición que se exprese claramente.

(24)

El escrito de oposición presentado dentro de plazo debe poner fin al proceso monitorio europeo y suponer el traslado automático del asunto al proceso civil ordinario, salvo que el demandante haya solicitado expresamente que, en dicho supuesto, se ponga fin al procedimiento. A efectos del presente Reglamento, el concepto de proceso civil ordinario no debe interpretarse necesariamente con arreglo al Derecho nacional.

(25)

Tras la expiración del plazo de presentación del escrito de oposición, el demandado debe tener derecho, en casos excepcionales, a solicitar una revisión del requerimiento europeo de pago. La revisión en casos excepcionales no debe significar que el demandado tenga una segunda posibilidad de oponerse a la petición. Durante el proceso de revisión no deben evaluarse los fundamentos de la petición considerando otros motivos que no sean los resultantes de las circunstancias excepcionales invocadas por el demandado. Las demás circunstancias excepcionales a que se refiere el artículo 20, apartado 2, podrían incluir el hecho de que el requerimiento europeo de pago se hubiera basado en información falsa contenida en el formulario de petición.

(26)

Las tasas judiciales contempladas en el artículo 25 no deben incluir, por ejemplo, los honorarios de los abogados ni los gastos de notificación de documentos por una entidad distinta de un órgano jurisdiccional.

(27)

Un requerimiento europeo de pago expedido en un Estado miembro y que haya adquirido fuerza ejecutiva debe considerarse, a efectos de su ejecución, como si se hubiera expedido en el Estado miembro en el que se solicita la ejecución. El principio de confianza recíproca en la administración de justicia de los Estados miembros justifica que el órgano jurisdiccional de un Estado miembro considere que se cumplen todas las condiciones de la expedición de un requerimiento europeo de pago para que el requerimiento se ejecute en todos los demás Estados miembros sin revisión judicial de la correcta aplicación de normas mínimas procesales en el Estado miembro en que deba ejecutarse. Sin perjuicio de las disposiciones del presente Reglamento, en particular las normas mínimas establecidas en el artículo 22, apartados 1 y 2, y el artículo 23, los procedimientos de ejecución del requerimiento europeo de pago deben seguir rigiéndose por el Derecho nacional.

(28)

A efectos del cálculo de los plazos, debe aplicarse el Reglamento (CEE, Euratom) no 1182/71 del Consejo, de 3 de junio de 1971, por el que se determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y términos (4). Debe advertirse de ello al demandado e informársele de que se tendrán en cuenta los días feriados del Estado miembro en que esté situado el órgano jurisdiccional que expide el requerimiento europeo de pago.

(29)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, el establecimiento de un mecanismo uniforme, rápido y eficaz para el cobro de créditos pecuniario no impugnados, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones y los efectos del Reglamento, puede lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(30)

Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (5).

(31)

De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido e Irlanda anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Reino Unido e Irlanda han notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente Reglamento.

(32)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y no le es vinculante ni aplicable.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Objeto

1.   El presente Reglamento tiene por objeto:

a)

simplificar, acelerar y reducir los costes de litigación en asuntos transfronterizos relativos a créditos pecuniarios no impugnados, mediante el establecimiento de un proceso monitorio europeo,

y

b)

permitir la libre circulación de requerimientos europeos de pago a través de todos los Estados miembros, mediante el establecimiento de normas mínimas cuya observancia haga innecesario un proceso intermedio en el Estado miembro de ejecución con anterioridad al reconocimiento y a la ejecución.

2.   El presente Reglamento no obstará para que un demandante reclame un crédito, según la definición del artículo 4, mediante el recurso a otro proceso establecido con arreglo al Derecho de un Estado miembro o con arreglo al Derecho comunitario.

Artículo 2

Ámbito de aplicación

1.   El presente Reglamento se aplicará en los asuntos transfronterizos en materia civil y mercantil, con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. No incluirá, en particular, las materias fiscal, aduanera y administrativa, ni los casos en que el Estado incurra en responsabilidad por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad («acta iure imperii»).

2.   El presente Reglamento no se aplicará a:

a)

los regímenes económicos matrimoniales, los testamentos y las sucesiones;

b)

la quiebra, los procedimientos de liquidación de empresas o de otras personas jurídicas insolventes, los convenios entre quebrado y acreedores y demás procedimientos análogos;

c)

la seguridad social;

d)

los créditos derivados de obligaciones extracontractuales, a no ser que:

i)

hayan sido objeto de un acuerdo entre las partes o haya habido un reconocimiento de deuda,

o

ii)

se refieran a deudas líquidas derivadas de una comunidad de propietarios.

3.   En el presente Reglamento, se entenderá por «Estado miembro» cualquier Estado miembro, con excepción de Dinamarca.

Artículo 3

Asuntos transfronterizos

1.   A efectos del presente Reglamento, se entenderá por asuntos transfronterizos aquellos en los que al menos una de las partes esté domiciliada o tenga su residencia habitual en un Estado miembro distinto de aquel al que pertenezca el órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado la petición.

2.   El domicilio se determinará con arreglo a lo dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (6).

3.   El momento pertinente para determinar si existe un asunto transfronterizo será aquél en que se presente la petición de requerimiento europeo de pago de conformidad con el presente Reglamento.

Artículo 4

Proceso monitorio europeo

Se establece el proceso monitorio europeo para el cobro de créditos pecuniarios, de importe determinado, vencidos y exigibles en la fecha en que se presenta la petición de requerimiento europeo de pago.

Artículo 5

Definiciones

A efectos del presente Reglamento, serán de aplicación las siguientes definiciones:

1)

«Estado miembro de origen»: el Estado miembro en el que se expide un requerimiento europeo de pago;

2)

«Estado miembro de ejecución»: el Estado miembro en el que se solicita la ejecución de un requerimiento europeo de pago;

3)

«órgano jurisdiccional»: cualquier autoridad de un Estado miembro con competencia para conocer de los requerimientos europeos de pago o para cualesquiera cuestiones afines;

4)

«órgano jurisdiccional de origen»: el órgano jurisdiccional que expide un requerimiento europeo de pago.

Artículo 6

Competencia judicial

1.   A efectos de la aplicación del presente Reglamento, la competencia judicial se determinará con arreglo a las normas de Derecho comunitario aplicables en la materia, en particular el Reglamento (CE) no 44/2001.

2.   No obstante, si el crédito se refiere a un contrato celebrado por una persona, el consumidor, para un fin que puede considerarse ajeno a su actividad profesional, y si el demandado es el consumidor, únicamente serán competentes los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el cual esté domiciliado el demandado, según la definición del artículo 59 del Reglamento (CE) no 44/2001.

Artículo 7

Petición de requerimiento europeo de pago

1.   La petición de requerimiento europeo de pago se presentará en el formulario A que figura en el anexo I.

2.   En la petición deberán indicarse:

a)

los nombres y direcciones de las partes y, si procede, de sus representantes, así como del órgano jurisdiccional ante el cual se ha presentado la petición;

b)

el importe de la deuda, incluido el principal y, en su caso, los intereses, las penalizaciones contractuales y las costas;

c)

si se reclaman intereses sobre la deuda, el tipo de interés y el período respecto del cual se reclaman dichos intereses, a menos que se añada de oficio un interés legal al principal en virtud del Derecho del Estado miembro de origen;

d)

la causa de pedir, incluida una descripción de las circunstancias invocadas como fundamento de la deuda y, en su caso, de los intereses reclamados;

e)

una descripción de los medios de prueba que acrediten la deuda;

f)

los criterios de competencia judicial,

y

g)

el carácter transfronterizo del asunto en el sentido del artículo 3.

3.   En la petición, el demandante declarará que la información suministrada es, a su leal saber y entender, verdadera y reconocerá que cualquier declaración falsa deliberada podría acarrearle las sanciones oportunas con arreglo al Derecho del Estado miembro de origen.

4.   En un apéndice de la petición, el demandante podrá indicar al órgano jurisdiccional que se opone al traslado al proceso civil ordinario que corresponda, tal como dispone el artículo 17, en caso de oposición del demandado. Ello no obstará a que demandante informe ulteriormente de ello al órgano jurisdiccional, pero en todo caso antes de que se expida el requerimiento.

5.   La petición se presentará en papel o mediante cualquier otro medio de comunicación, incluido el soporte electrónico, aceptado por el Estado miembro de origen y disponible en el órgano jurisdiccional de origen.

6.   La petición deberá llevar la firma del demandante o, si procede, de su representante. Cuando la petición se haya presentado por medios electrónicos, en virtud del apartado 5, se firmará de conformidad con el artículo 2, apartado 2, de la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica (7). Dicha firma será reconocida en el Estado miembro de origen sin que sea posible establecer condiciones suplementarias.

Sin embargo, no se requerirá dicha firma electrónica cuando exista un sistema electrónico de comunicación alternativo en el órgano jurisdiccional del Estado miembro de origen al que tenga acceso un determinado grupo de usuarios autentificados y prerregistrados, que permita la identificación de dichos usuarios de un modo seguro. Los Estados miembros informarán a la Comisión acerca de tales sistemas de comunicación.

Artículo 8

Examen de la petición

El órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado una petición de requerimiento europeo de pago deberá examinar, lo antes posible y basándose en el formulario de la petición, si se cumplen los requisitos establecidos en los artículos 2, 3, 4, 6 y 7 y si la petición resulta fundada. Este examen podrá revestir la forma de un procedimiento automatizado.

Artículo 9

Posibilidad de completar o rectificar la petición

1.   En caso de que no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 7, el órgano jurisdiccional concederá al demandante la posibilidad de completar o rectificar la petición, a no ser que esta sea manifiestamente infundada o inadmisible. El órgano jurisdiccional utilizará al efecto el formulario B que figura en el anexo II.

2.   Cuando el órgano jurisdiccional requiera al demandante que complete o rectifique la petición, especificará un plazo de tiempo adecuado a las circunstancias. El órgano jurisdiccional podrá prorrogar dicho plazo de manera discrecional.

Artículo 10

Modificación de la petición

1.   Si los requisitos mencionados en el artículo 8 se cumplen solo respecto de una parte de la petición, el órgano jurisdiccional informará de ello al demandante valiéndose del formulario C que figura en el anexo III. Se invitará al demandante a aceptar o rechazar una propuesta de requerimiento europeo de pago por el importe que especifique el órgano jurisdiccional y se le informará de las consecuencias de su decisión. El demandante responderá devolviendo el formulario C enviado por el órgano jurisdiccional en el plazo que este haya especificado de conformidad con el artículo 9, apartado 2.

2.   Si el demandante acepta la propuesta del órgano jurisdiccional, dicho órgano expedirá un requerimiento europeo de pago, de conformidad con el artículo 12, respecto de la parte de la petición aceptada por el demandante. Las consecuencias con respecto a la parte restante del crédito inicial se regularán con arreglo al Derecho nacional.

3.   Si el demandante no envía su respuesta en el plazo especificado por el órgano jurisdiccional o rechaza la propuesta de este, dicho órgano desestimará íntegramente la petición de requerimiento europeo de pago.

Artículo 11

Desestimación de la petición

1.   El órgano jurisdiccional desestimará la petición si:

a)

no se cumplen los requisitos establecidos en los artículos 2, 3, 4, 6 y 7,

o

b)

la petición es manifiestamente infundada,

o

c)

el demandante no envía su respuesta en el plazo especificado por el órgano jurisdiccional con arreglo al artículo 9, apartado 2,

o

d)

el demandante no envía su respuesta en el plazo especificado por el órgano jurisdiccional o rechaza la propuesta de dicho órgano, de conformidad con el artículo 10.

Se informará al demandante de los motivos de la desestimación mediante el formulario D que figura en el anexo IV.

2.   Contra la desestimación de la petición no cabrá recurso alguno.

3.   La desestimación de la petición no obstará para que el demandante pueda reclamar su crédito mediante una nueva petición de requerimiento europeo de pago o por cualquier otro proceso establecido con arreglo al Derecho de un Estado miembro.

Artículo 12

Expedición de un requerimiento europeo de pago

1.   Si se cumplen los requisitos mencionados en el artículo 8, el órgano jurisdiccional expedirá un requerimiento europeo de pago lo antes posible y, como regla general, en un plazo de 30 días a partir de la fecha de presentación de la petición, mediante el formulario E que figura en el anexo V.

El plazo de 30 días no comprenderá el tiempo empleado por el demandante para completar, rectificar o modificar la petición.

2.   El requerimiento europeo de pago se expedirá junto con una copia del formulario de petición. No incluirá la información facilitada por el demandante en los apéndices I y II del formulario A.

3.   En el requerimiento europeo de pago se comunicará al demandado que podrá optar por:

a)

pagar al demandante el importe indicado en el requerimiento,

o bien

b)

oponerse al requerimiento mediante la presentación, ante el órgano jurisdiccional de origen, de un escrito de oposición, enviado en un plazo de 30 días desde que se le hubiera notificado el requerimiento.

4.   En el requerimiento europeo de pago se informará al demandado de que:

a)

el requerimiento fue expedido únicamente sobre la base de la información facilitada por el demandante, sin que la misma haya sido comprobada por el órgano jurisdiccional;

b)

el requerimiento se hará ejecutivo a menos que se presente un escrito de oposición ante el órgano jurisdiccional de conformidad con lo establecido en el artículo 16;

c)

en caso de que se presente escrito de oposición, el proceso continuará ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de origen, de conformidad con las normas del proceso civil ordinario que corresponda, a no ser que el demandante haya solicitado expresamente que, en dicho supuesto, se ponga fin al proceso.

5.   El órgano jurisdiccional se asegurará de que el requerimiento se notifica al demandado de conformidad con el Derecho nacional, mediante alguna forma que cumpla los requisitos mínimos establecidos en los artículos 13, 14 y 15.

Artículo 13

Notificación con acuse de recibo por parte del demandado

El requerimiento europeo de pago podrá notificarse al demandado de conformidad con el Derecho nacional del Estado en el que deba realizarse la notificación de alguna de las siguientes formas:

a)

notificación personal acreditada por acuse de recibo, en el que conste la fecha de recepción, firmado por el demandado;

b)

notificación personal acreditada por un documento, firmado por la persona competente que la haya realizado, en el que declare que el demandado recibió el documento o que se negó a recibirlo sin motivo legítimo y en el que conste la fecha de la notificación;

c)

notificación por correo acreditada mediante acuse de recibo, en el que conste la fecha de recepción, firmado y reenviado por el demandado;

d)

notificación por medios electrónicos como telecopia o correo electrónico, acreditada mediante acuse de recibo, en el que conste la fecha de recepción, firmado y reenviado por el demandado.

Artículo 14

Notificación sin acuse de recibo por parte del demandado

1.   El requerimiento europeo de pago podrá asimismo notificarse al demandado de conformidad con el Derecho nacional del Estado en el que deba realizarse la notificación de alguna de las siguientes formas:

a)

notificación personal, en el domicilio del demandado, a personas que vivan en la misma dirección que este, o que estén empleadas en ese lugar;

b)

en caso de un demandado que sea trabajador por cuenta propia, o de una persona jurídica, notificación personal, en el establecimiento comercial del demandado, a personas empleadas por él;

c)

depósito del requerimiento en el buzón del demandado;

d)

depósito del requerimiento en una oficina de correos o ante las autoridades públicas competentes y notificación escrita de dicho depósito en el buzón del demandado, si en la notificación escrita consta claramente el carácter judicial del escrito o el hecho de que tiene como efecto jurídico hacer efectiva la notificación y, por tanto, constituir la fecha de inicio del cómputo de los plazos pertinentes;

e)

notificación por correo sin acuse de recibo con arreglo al apartado 3 cuando el demandado esté domiciliado en el Estado miembro de origen;

f)

por medios electrónicos con acuse de recibo acreditado mediante una confirmación automática de entrega, siempre que el demandado haya aceptado expresamente con anterioridad este medio de notificación.

2.   A efectos del presente Reglamento, no será admisible la notificación con arreglo al apartado 1 si no se conoce con certeza el domicilio del demandado.

3.   Dará fe de la notificación realizada con arreglo al apartado 1, letras a), b), c) y d):

a)

un documento firmado por la persona competente que haya efectuado la notificación, en el que consten:

i)

la forma utilizada para la notificación,

y

ii)

la fecha de la notificación,

y

iii)

cuando el requerimiento se haya notificado a una persona distinta del demandado, el nombre de dicha persona y su relación con el demandado,

o bien

b)

un acuse de recibo de la persona que haya recibido la notificación a efectos del apartado 1, letras a) y b).

Artículo 15

Notificación a un representante

La notificación con arreglo a los artículos 13 o 14 podrá realizarse asimismo a un representante del demandado.

Artículo 16

Oposición al requerimiento europeo de pago

1.   El demandado podrá presentar escrito de oposición al requerimiento europeo de pago ante el órgano jurisdiccional de origen, valiéndose del formulario F que figura en el anexo VI, que se le remitirá adjunto al requerimiento europeo de pago.

2.   El escrito de oposición se enviará en un plazo de 30 días desde la notificación al demandado del requerimiento.

3.   El demandado deberá indicar en su escrito de oposición que impugna la deuda, sin que esté obligado a motivarlo.

4.   El escrito de oposición se presentará en papel o por cualquier otro medio de comunicación, incluido el soporte electrónico, aceptado por el Estado miembro de origen y disponible en el órgano jurisdiccional de origen.

5.   El escrito de oposición deberá llevar la firma del demandado o, si procede, de su representante. Cuando el escrito de oposición se haya presentado en soporte electrónico de conformidad con al apartado 4, deberá firmarse conforme al artículo 2, apartado 2, de la Directiva 1999/93/CE. Dicha firma será reconocida en el Estado miembro de origen sin que sea posible establecer requisitos adicionales.

Sin embargo, no se requerirá la firma electrónica cuando exista un sistema electrónico de comunicación alternativo en el órgano jurisdiccional del Estado miembro de origen al que tenga acceso un determinado grupo de usuarios autentificados y prerregistrados, que permita la identificación de dichos usuarios de un modo seguro. Los Estados miembros informarán a la Comisión acerca de tales sistemas de comunicación.

Artículo 17

Efectos de la presentación de un escrito de oposición

1.   En caso de que se presente un escrito de oposición en el plazo señalado en el artículo 16, apartado 2, el proceso continuará ante los órganos jurisdiccionales competentes del Estado miembro de origen con arreglo a las normas del proceso civil ordinario que corresponda, a menos que el demandante haya solicitado expresamente que, en dicho supuesto, se ponga fin al proceso.

En caso de que el demandante haya reclamado su crédito por el proceso monitorio europeo, el Derecho nacional no perjudicará en ningún caso su posición en el proceso civil ordinario ulterior.

2.   A efectos del apartado 1, el traslado al proceso civil ordinario se regirá por el Derecho del Estado miembro de origen.

3.   El demandante será informado de la presentación del escrito de oposición por parte del demandado y de todo traslado al proceso civil ordinario.

Artículo 18

Ejecutividad

1.   Si en el plazo establecido en el artículo 16, apartado 2, teniendo en cuenta un período de tiempo apropiado para que sea posible la recepción del escrito, no se ha presentado ningún escrito de oposición ante el órgano jurisdiccional de origen, este declarará ejecutivo sin demora el requerimiento europeo de pago valiéndose del formulario G que figura en el anexo VII. El órgano jurisdiccional verificará la fecha de notificación.

2.   Sin perjuicio del apartado 1, los requisitos formales de ejecutividad se regirán por el Derecho del Estado miembro de origen.

3.   El órgano jurisdiccional enviará al demandante el requerimiento europeo de pago ejecutivo.

Artículo 19

Supresión del exequátur

Un requerimiento europeo de pago que haya adquirido fuerza ejecutiva en el Estado miembro de origen será reconocido y ejecutado en los demás Estados miembros sin que se requiera ninguna declaración de ejecutividad y sin posibilidad alguna de impugnar su reconocimiento.

Artículo 20

Revisión en casos excepcionales

1.   Tras la expiración del plazo establecido en el artículo 16, apartado 2, el demandado tendrá derecho a solicitar al órgano jurisdiccional competente del Estado miembro de origen la revisión del requerimiento europeo de pago cuando concurran las siguientes circunstancias:

a)

i)

que el requerimiento de pago se hubiere notificado mediante una de las formas establecidas en el artículo 14,

y

ii)

que la notificación no se hubiere efectuado con la suficiente antelación para permitirle organizar su defensa, sin que pueda imputársele responsabilidad por ello,

o

b)

que el demandado no hubiere podido impugnar el crédito por razones de fuerza mayor o debido a circunstancias extraordinarias ajenas a su responsabilidad,

siempre que en ambos casos actuare con prontitud.

2.   Tras la expiración del plazo establecido en el artículo 16, apartado 2, el demandado también tendrá derecho a solicitar al órgano jurisdiccional competente del Estado miembro de origen la revisión del requerimiento europeo de pago cuando sea evidente que dicho requerimiento se ha expedido de forma manifiestamente errónea, habida cuenta de los requisitos establecidos en el presente Reglamento, o por cualquier otra circunstancia de carácter excepcional.

3.   Si el órgano jurisdiccional rechaza la petición del demandado aduciendo que no se aplica ninguno de los motivos de revisión contemplados en los apartados 1 y 2, seguirá en vigor el requerimiento europeo de pago.

Si el órgano jurisdiccional decide que la revisión está justificada por alguno de los motivos contemplados en los apartados 1 y 2, el requerimiento europeo de pago será declarado nulo y sin efecto.

Artículo 21

Ejecución

1.   Sin perjuicio de las disposiciones del presente Reglamento, los procedimientos de ejecución se regirán por el Derecho del Estado miembro de ejecución.

Un requerimiento europeo de pago que haya adquirido fuerza ejecutiva se ejecutará en las mismas condiciones que una resolución ejecutiva dictada en el Estado miembro de ejecución.

2.   Para la ejecución en otro Estado miembro, el demandante deberá presentar a las autoridades de ejecución competentes de dicho Estado miembro:

a)

una copia del requerimiento europeo de pago, declarado ejecutivo por el órgano jurisdiccional de origen, que cumpla las condiciones necesarias para determinar su autenticidad,

y

b)

en caso de que sea necesario, una traducción del requerimiento europeo de pago a la lengua oficial del Estado miembro de ejecución o, en caso de que dicho Estado miembro tenga varias lenguas oficiales, a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales de los procedimientos judiciales en el lugar en que deba ejecutarse, conforme al Derecho de dicho Estado miembro, o a otra lengua que el Estado miembro de ejecución haya indicado como aceptable. Cada Estado miembro podrá indicar la lengua o lenguas oficiales de las instituciones de la Unión Europea distintas de las propias que pueda aceptar para el requerimiento europeo de pago. La traducción será certificada por una persona cualificada para ello en uno de los Estados miembros.

3.   Al demandante que solicite en un Estado miembro la ejecución de un requerimiento europeo de pago expedido en otro Estado miembro no se le podrá exigir caución o depósito alguno, sea cual fuere su denominación, por su condición de extranjero o por no estar domiciliado o no ser residente en el Estado miembro de ejecución.

Artículo 22

Denegación de ejecución

1.   A instancia del demandado, el órgano jurisdiccional competente del Estado miembro de ejecución denegará la ejecución si el requerimiento europeo de pago es incompatible con una resolución o requerimiento dictados con anterioridad en cualquier otro Estado miembro o en un tercer país, siempre que:

a)

la resolución o requerimiento anterior tenga el mismo objeto y se refiera a las mismas partes,

y

b)

la resolución o requerimiento anterior cumpla las condiciones necesarias para ser reconocida en el Estado miembro de ejecución,

y

c)

la incompatibilidad no haya podido alegarse durante el procedimiento judicial en el Estado miembro de origen.

2.   La ejecución se denegará asimismo, a instancia del demandado, cuando este haya pagado al demandante el importe fijado en el requerimiento europeo de pago, y en la medida en que lo haya efectuado.

3.   El requerimiento europeo de pago no podrá en ningún caso ser objeto de revisión en cuanto al fondo en el Estado miembro de ejecución.

Artículo 23

Suspensión o limitación de la ejecución

Si el demandado hubiere solicitado la revisión con arreglo al artículo 20, el órgano jurisdiccional competente del Estado miembro de ejecución podrá, a instancia del demandado:

a)

limitar el procedimiento de ejecución a medidas cautelares,

o bien

b)

subordinar la ejecución a la constitución de una garantía que determinará dicho órgano jurisdiccional competente,

o bien

c)

en circunstancias excepcionales, suspender el procedimiento de ejecución.

Artículo 24

Representación

No se exigirá representación por un abogado u otro profesional del Derecho:

a)

del demandante en relación con la petición de requerimiento europeo de pago;

b)

del demandado en relación con la oposición a un requerimiento europeo de pago.

Artículo 25

Tasas judiciales

1.   El total de las tasas judiciales de un proceso monitorio europeo y del subsiguiente proceso civil ordinario, en caso de oposición al requerimiento europeo de pago en un Estado miembro, no excederá de las tasas judiciales de un proceso civil ordinario sin proceso monitorio europeo previo en dicho Estado miembro.

2.   A efectos del presente Reglamento, las tasas judiciales incluirán las tasas y derechos que hayan de pagarse al órgano jurisdiccional, cuyo importe se fijará con arreglo al Derecho nacional.

Artículo 26

Relación con el Derecho procesal nacional

Todas las cuestiones procesales no tratadas expresamente en el presente Reglamento se regirán por el Derecho nacional.

Artículo 27

Relación con el Reglamento (CE) no 1348/2000

El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de la aplicación del Reglamento (CE) no 1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (8).

Artículo 28

Información relativa a los gastos de notificación y la ejecución

Los Estados miembros colaborarán para proporcionar al público en general y a los sectores profesionales información sobre:

a)

los gastos de notificación de documentos,

y

b)

las autoridades competentes para la ejecución, a los fines de la aplicación de los artículos 21, 22 y 23,

en particular a través de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil creada de conformidad con la Decisión 2001/470/CE del Consejo (9).

Artículo 29

Información relativa a la competencia judicial, a los procedimientos de revisión, a los medios de comunicación y a las lenguas

1.   A más tardar el 12 de junio de 2008, los Estados miembros comunicarán a la Comisión:

a)

los órganos jurisdiccionales competentes para expedir un requerimiento europeo de pago;

b)

el procedimiento de revisión y los órganos jurisdiccionales competentes a efectos de la aplicación del artículo 20;

c)

los medios de comunicación aceptados a los fines del proceso monitorio europeo y disponibles en los órganos jurisdiccionales;

d)

las lenguas aceptadas conforme al artículo 21, apartado 2, letra b).

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión cualquier modificación posterior que afecte a esta información.

2.   La Comisión pondrá a disposición del público la información comunicada de conformidad con el apartado 1 mediante su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, así como por cualquier otro medio adecuado.

Artículo 30

Modificaciones de los anexos

Los formularios que figuran en los anexos se actualizarán o adaptarán técnicamente, garantizando su plena conformidad con las disposiciones del presente Reglamento, con arreglo al procedimiento mencionado en el artículo 31, apartado 2.

Artículo 31

Comité

1.   La Comisión estará asistida por el Comité creado por el artículo 75 del Reglamento (CE) no 44/2001.

2.   En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación el artículo 5 bis, apartados 1 a 4, y el artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

3.   El Comité aprobará su reglamento interno.

Artículo 32

Revisión

A más tardar el 12 de diciembre de 2013, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social un informe detallado en el que se pase revista al funcionamiento del proceso monitorio europeo. Dicho informe incluirá una evaluación del funcionamiento del procedimiento y una amplia evaluación de su impacto en cada Estado miembro.

A tal efecto y con el fin de garantizar que se toman debidamente en consideración las mejores prácticas ejercidas en la Unión Europea y que estas reflejan los principios para legislar mejor, los Estados miembros facilitarán a la Comisión información en relación con el funcionamiento transfronterizo del proceso monitorio europeo. Dicha información incluirá datos sobre las tasas judiciales, la celeridad del proceso, la eficacia, la facilidad de uso y los procesos monitorios internos de los Estados miembros.

Si procede, el informe de la Comisión irá acompañado de propuestas de adaptación.

Artículo 33

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será aplicable a partir del 12 de diciembre de 2008, con excepción de los artículos 28, 29, 30 y 31, que serán aplicables a partir del 12 de junio de 2008.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en todos los Estados miembros, de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

Hecho en Estrasburgo, el 12 de diciembre de 2006.

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

J. BORRELL FONTELLES

Por el Consejo

El Presidente

M. PEKKARINEN


(1)  DO C 221 de 8.9.2005, p. 77.

(2)  Dictamen del Parlamento Europeo de 13 de diciembre de 2005 (no publicado aún en el Diario Oficial), Posición Común del Consejo de 30 de junio de 2006 (no publicada aún en el Diario Oficial) y Posición del Parlamento Europeo de 25 de octubre de 2006. Decisión del Consejo de 11 de diciembre de 2006.

(3)  DO C 12 de 15.1.2001, p. 1.

(4)  DO L 124 de 8.6.1971, p. 1.

(5)  DO L 184 de 17.7.1999, p. 23. Decisión modificada por la Decisión 2006/512/CE (DO L 200 de 22.7.2006, p. 11).

(6)  DO L 12 de 16.1.2001, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2245/2004 de la Comisión (DO L 381 de 28.12.2004, p. 10).

(7)  DO L 13 de 19.1.2000, p. 12.

(8)  DO L 160 de 30.6.2000, p. 37.

(9)  DO L 174 de 27.6.2001, p. 25.


ANEXO I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ANEXO II

Image

Image


ANEXO III

Image

Image


ANEXO IV

Image

Image


ANEXO V

Image

Image

Image


ANEXO VI

Image

Image


ANEXO VII

Image

Image

monitorio europeo
Abrir chat
¡Hola! ¿En que puedo ayudarte?
Si le han puesto una demanda de proceso monitorio europeo, llámenos de inmediato. Tiene 30 días para pagar u oponerse.