MIAX 5000 es un fondo buitre que reclama deuda

XDO.1A.INST.E INSTRUCIÓN N.2 PONTEAREAS
SENTENCIA: 00***/2024
AVDA. DE GALICIA S/N
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N.I.G.: 36042 41 1 2024 *******
JVB JUICIO VERBAL 0000*** /2024
Procedimiento origen:  /
Sobre RECLAMACION DE CANTIDAD
DEMANDANTE D/ña. MIAX 5000 SLU
Procurador/a Sr/a.*********
Abogado/a Sr/a.***********
DEMANDADO D/ a.********
Procurador/a Sr/a.*********
Abogado/a Sr/a. FRANCISCO DE PAULA DIAZ MATEOS

S E N T E N C I A  Nº***/2024

En Ponteareas, a ******* julio de dos mil veinticuatro. Vistos por mí, Dña.***********************, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de los de esta ciudad y su partido judicial, los presentes autos de JUICIO VERBAL sobre reclamación de cantidad, seguidos con el nº ***/2024, en el que han intervenido, como demandante, MIAX 5000 S.L.U, representada por la Procuradora Dª ******************** y, como demandado, Don *****************, quien actuó en su propio nombre y derecho. Y por ello dicta la presente resolución en razón de los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La persona expresada dedujo demanda de juicio verbal en la que terminaba solicitando que se condenara a D. ********************* a abonarle la cantidad de 1.999 euros, intereses y costas.

Para ello aducía, en esencia, que la demandada, tras suscribir con otra mercantil un préstamo, no había procedido al pago del principal e intereses, adquiriendo este dicho crédito.

SEGUNDO.- En justificación de lo expuesto aportó los documentos que acompañan la demanda.

TERCERO.- Admitida a trámite dicha demanda, por la parte demandada se contestó a la misma, oponiéndose, alegando la falta de legitimación activa, la falta de documental acreditativa del contrato, la falta de fiabilidad y credibilidad del certificado de saldo, la inexistencia de deuda, que los intereses remuneratorios son usurarios y que hay intereses moratorios.

Por último, no interesando ninguna de las partes la celebración de vista, quedaron los autos pendientes para dictar sentencia.

CUARTO.- En la tramitación de este proceso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ejercita la parte actora acción de reclamación de cantidad sobre la base del incumplimiento por el demandado del contrato de préstamo suscrito por el demandado con la mercantil IDFINANCE SPAIN, S.A.U. en fecha **/**/2023, por un principal de 1.100 euros, a devolver en un plazo de 30 días, mediante el pago de un plazo de amortización, con una TAE del 4011,03 %.

A la vista de los escritos rectores de las partes, con los efectos del artículo 405.2 de la Lec y de los documentos por las mismas aportados, debe resolverse en primer lugar la posible falta de legitimación activa de la entidad demandante, debiendo señalar que es muy ilustrativa a estos efectos es la reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria, Sección 2ª, del 07 de septiembre de 2023, que dispone:

“TERCERO.- Falta de legitimación activa.

El primer motivo del recurso viene constituido por la falta de legitimación de la actora para interponer la presente demanda, falta de legitimación que la que fundamenta en que la cesión del crédito en favor de esta no les fue comunicada por el prestamista/financiador, siendo con motivo de esta demanda que han tenido conocimiento de ella, así como que el FCE BANK PLC promovió demanda de juicio ordinario contra ellos en reclamación de la demanda, procedimiento que finalizó por caducidad en la instancia mediante decreto de 30 de junio de 2016, habiéndose producido la cesión en junio de 15.

La cesión de crédito, como sustitución de la persona del acreedor por otra respecto al mismo crédito, supone simplemente un cambio de acreedor quedando el nuevo con el mismo derecho que el anterior, permaneciendo incólume la relación obligatoria, como ha destacado con reiteración el Tribunal Supremo y deriva inmediatamente de nuestro Código Civil. La cesión es admitida, con carácter general, por el artículo 1112 del Código Civil y está regulada, con carácter particular, en los artículos 1526 y siguientes del mismo cuerpo legal, como negocio jurídico, sea o no contrato de compraventa.

Es eficaz entre las partes desde que exista, si bien respecto del deudor cedido y respecto de terceros se exige la concurrencia de requisitos adicionales. En lo que aquél hace, las cosas son claras: ninguna intervención tiene en el negocio de cesión, ahora bien, si presta su consentimiento o es notificado del negocio ya concluido, se derivan particulares consecuencias para el régimen jurídico del crédito cedido con patente afectación a su posición deudora. En palabras de la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 1993: «El contrato de cesión de crédito, como tal negocio bilateral, vincula principalmente a los sujetos cedente y cesionario de tal manera que el deudor cedido como no es parte en el negocio de cesión no tiene que manifestar ningún consentimiento al mismo. De aquí se deduce que el efecto reflejo o la repercusión que el referido negocio produce sobre el deudor se refiere, exclusivamente, a la observancia de determinadas reglas que inciden sobre las consecuencias jurídicas del pago que efectúa el deudor. Si conforme a lo dispuesto en el Código Civil, el deudor que no tiene conocimiento de la cesión, satisface la prestación al primitivo acreedor cedente, queda libre de su obligación y nada puede reclamar el nuevo acreedor cesionario (art. 1.527 )». Quiere ello decir que lo relevante de la notificación, el efecto jurídico principal, es la imposibilidad del deudor de pagar válidamente, es decir, con efectos liberatorios, al cedente. Y ello no es más que una aplicación de la regla según la cual el pago hecho de buena fe al que estuviera en posesión del crédito, libera al deudor ( art. 1164 Código Civil). De esta forma, «si el cedido tiene conocimiento de la cesión, solo libera la obligación si paga al cesionario» ( sentencia de 12/diciembre/2002, que recoge la doctrina del Tribunal Supremo en este punto).

Probada documentalmente la existencia de la cesión, eran innecesarios la notificación y consentimiento del deudor, siendo la única consecuencia de su falta que los recurrentes habrían quedado liberados de su obligación pagando a la cedente, FCE BANK PLC. En este sentido, no se habría vulnerado la Condición General 16ª del contrato, por cuanto según su texto literal la necesidad de comunicar a la compradora/prestataria y al fiador la cesión lo era, precisamente, a fin de que pudieran efectuar el pago de las cantidades adeudadas al nuevo acreedor, lo cual es conforme con la doctrina expuesta.

Cuestión distinta es la relativa a que el crédito fue transmitido durante la tramitación de procedimiento judicial promovido por FCE BANK PLC en reclamación de la misma deuda. Aunque en la contestación a la demanda no se menciona expresamente, siendo la única fundamentación jurídica la Ley General de Consumidores y Usuarios, el hecho de hacerse referencia al momento en que se produce la cesión y que en el recurso de apelación se invoque la infracción del art. 1.535 CC, permite deducir que lo que se denuncia por la parte apelante, es la falta de notificación a efecto del ejercicio del derecho de retracto.

Debe recordarse la reiterada doctrina del Tribunal Supremo que determina la inaplicación del art. 1535 del Código Civil, precepto relativo al retracto de crédito litigioso, cuando el crédito ha sido transmitido conjuntamente con otros, en bloque o por sucesión universal, no de forma individualizada, refiriéndose expresamente la STS del 5 de marzo de 2020 ( ROJ: STS 728/2020 – Sentencia: 151/2020 Recurso: 2493/2017) al supuesto que nos ocupa, de las cesiones de carteras o conjuntos de créditos (hipotecarios o de consumo, a consumidores o empresas) por parte de diversas entidades de crédito a terceras entidades – con frecuencia fondos de inversión extranjeros- caso en que el Alto Tribunal excluye la aplicación del retracto del art. 1535 del Código Civil. En el mismo sentido se ha pronunciado esta Sala en sentencia de 16 de diciembre de 2021, recurso de apelación 140/2020, que menciona otras de la misma Sala del 10 de junio de 2021 (ROJ: SAP T 873/2021 – ECLI:ES:APT:2021:873 ) Sentencia: 295/2021 Recurso: 683/2019, o sentencia del 25 de marzo de 2021 ( ROJ: SAP T 337/2021 – ECLI:ES:APT:2021:337 ) Sentencia: 161/2021 Recurso: 506/2019, resolución que señala:

Es esencial para resolver este recurso, en cuanto a la infracción del artículo 1.535 del CC, el hecho de que A la actora LC ASSET 1 S.A.R.L. no se le cedió un crédito individual sino una cartera de créditos, estando excluida por tanto de la aplicación de dicho precepto.

Por cuanto antecede, la actora ostenta legitimación activa para reclamar el crédito frente a los actores que le fue transmitido por FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA.”

En nuestro caso, se aporta con la demanda una escritura que viene a acreditar esa cesión del crédito aquí reclamado, por lo que debe estimarse la legitimación activa de la actora para reclamar el crédito que nos ocupa.

SEGUNDO.- Ya como motivo de fondo alega el demandado que los documentos han sido unilateralmente creados por la actora sin cumplir los requisitos legales, que no existe deuda y que hay cláusulas abusivas.

Partiendo de la condición de consumidor del demandado, debemos decir que el art. 3 establece lo siguiente:

“1. A efectos de esta ley, y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.

Son también consumidores a efectos de esta norma las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.

1. Asimismo, a los efectos de esta ley y sin perjuicio de la normativa sectorial que en cada caso resulte de aplicación, tienen la consideración de personas consumidoras vulnerables respecto de relaciones concretas de consumo, aquellas personas físicas que, de forma individual o colectiva, por sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en condiciones de igualdad.”

Así, podemos extraer tres conclusiones del derecho comunitario respecto de la condición de consumidor:

1ª) El concepto de consumidor es un concepto relativo, que no depende de la situación subjetiva de dicha persona, sino de su posición frente a un contrato determinado y con la naturaleza y finalidad de éste, dado que una misma persona puede ser considerada consumidor respecto a ciertas operaciones y operador económico respecto a otras.

2ª) La razón de ser de la legislación en la materia trata de proteger al consumidor en cuanto parte económicamente más débil y jurídicamente menos experta, de suerte que el régimen tuitivo sólo está justificado cuando el sujeto, en el caso concreto, actúa como consumidor final privado que no realiza actividades mercantiles o profesionales.

3ª) En contratos con doble finalidad, empresarial y de consumo, sólo habrá lugar a la aplicación del régimen excepcional de protección al consumidor cuando el uso profesional sea marginal hasta el punto de tener un papel insignificante en el contexto global de la operación de que se trate, siendo irrelevante a este respecto el hecho de que predomine el aspecto no profesional.

La jurisprudencia del TJUE, recaída en interpretación del mismo concepto utilizado en otras normas comunitarias, emplea un criterio de interpretación que puede calificarse como restrictivo, del que es paradigma la sentencia dictada en el caso Gruber (C-464/01, de 20 de enero de 2005 ) o también la sentencia recaída en el asunto Di Pinto, de 14.3.1991 , la de 17.3.1998 (asunto Dietzinger ) o la sentencia Benincasa, de 3.7.1997 , en las que expresamente se hizo mención a la utilización de un criterio restrictivo en la inteligencia del término, en referencia a la exigencia de que el acto se dirigiera a la satisfacción de las necesidades personales o familiares del comerciante, para que éste pudiera considerarse como consumidor, o a la exigencia de que los bienes adquiridos hubiera de destinarse al consumo privado.

Además, debe hacerse notar que la Exposición de Motivos del vigente Texto Refundido sigue haciendo referencia al elemento del destino final de los bienes y servicios, cuando expresa en su apartado III que » el consumidor o usuario definido en la ley, es la persona física o jurídica que actúa en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. Esto es, que interviene en las relaciones de consumo con fines privados, contratando bienes y servicios como destinatario final, sin incorporarlos directa, ni indirectamente, en procesos de producción, comercialización o prestación a terceros«.

Por su parte, el doble control de transparencia consiste, en primer lugar, en el control de incorporación que se establece en el artículo 5.5 de la TRLGDCU al indicar que “La redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez”; así como en el artículo 7 del mismo texto, que dispone “No quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales: “a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato o cuando no hayan sido firmadas, cuando sea necesario, en los términos resultantes del artículo

1. b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo, en cuanto a estas últimas, que hubieren sido expresamente aceptadas por escrito por el adherente y se ajusten a la normativa específica que discipline en su ámbito la necesaria transparencia de las cláusulas contenidas en el contrato”.

En segundo lugar, en el caso de contratos celebrados con consumidores, ha de establecerse un segundo control de transparencia, más allá de la meramente formal, al establecer el artículo 80.1 TRLGDCU: “1. En los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no negociadas individualmente, incluidos los que promuevan las Administraciones públicas y las entidades y empresas de ellas dependientes, aquéllas deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los que, en todo caso, deberá hacerse referencia expresa en el documento contractual. b) Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido. En ningún caso se entenderá cumplido este requisito si el tamaño de la letra del contrato fuese inferior al milímetro y medio o el insuficiente contraste con el fondo hiciese dificultosa la lectura”.

En el caso que nos ocupa, asiste razón al demandado pues no consta su firma en ninguno de los documentos, siendo todos ellos creados unilateralmente por la actora o la cedente del crédito. No es posible afirmar si efectivamente el demandado tuvo oportunidad real de conocer las condiciones del contrato y por tanto la demanda debe ser desestimada.

TERCERO.- En cuanto a las costas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procederá serle impuestas a la parte actora.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que DESESTIMO la demanda presentada por Dª ***************en representación de MIAX 5000 S.L.U. contra D. **************** a quien absuelvo de las pretensiones contra él deducidas.

Notifíquese a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso de conformidad con lo previsto en el art. 455 LEC.

Así por esta mi resolución lo pronuncio, mando y firmo.